La jueza María Cabrera Torres, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ha reducido la vigilancia directa del Departamento de Educación (DE) en 11 de las estipulaciones de un pleito de clase relacionado con Educación Especial que ha durado más de 40 años. Esta decisión, solicitada por el DE, permitirá que la agencia se enfoque en mejorar la prestación de servicios. Sin embargo, los padres involucrados en el pleito consideran que esta determinación perjudicará a la población estudiantil y planean apelarla. Aunque se redujo la vigilancia, el DE aún debe pagar multas diarias de $11,000 por incumplimientos anteriores.
Tras más de cuatro décadas, el pleito de clase iniciado por padres de estudiantes de Educación Especial en Puerto Rico ha tenido un giro significativo. La jueza María Cabrera Torres, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ha tomado la decisión de reducir la vigilancia directa del Departamento de Educación (DE) en relación con 11 de las estipulaciones que formaban parte de este largo caso judicial. Estas estipulaciones están vinculadas a áreas críticas como la evaluación inicial de estudiantes, la divulgación de servicios y la transportación.
La determinación de la jueza se basa en una solicitud presentada por el DE, que busca enfocarse en mejorar la calidad de los servicios brindados en el ámbito de la Educación Especial. La secretaria asociada interina del programa de Educación Especial, Noelia Cortés, afirmó que esta decisión no tendrá un impacto significativo en las familias ni en los estudiantes, ya que se trata principalmente de un asunto administrativo.
"No hay un impacto, como tal, mayor para las familias, porque el tema de cierre de las estipulaciones es uno administrativo. La obligación del Departamento va a continuar con las familias, igualmente con los estudiantes que se van a seguir beneficiando de los servicios. Lo que estamos dando es apertura a poder entender que mientras más fases se van cerrando, mayor disponibilidad vamos a tener a esos servicios directos para nuestros propios estudiantes del programa", explicó Cortés en una entrevista.
Sin embargo, esta determinación judicial ha generado descontento entre los padres involucrados en el pleito de clase, quienes han decidido apelar la decisión. Consideran que esta medida va en detrimento de la población estudiantil y que la supervisión del tribunal es esencial para asegurar que el DE cumpla con las estipulaciones.
A pesar de la reducción en la vigilancia de estas 11 estipulaciones, el DE sigue bajo la obligación de pagar multas diarias de $11,000 debido a incumplimientos anteriores relacionados con el pleito de clase que comenzó en 1982, cuando Rosa Lydia Vélez, una madre de una niña que recibió servicios de Educación Especial, presentó esta demanda. Los abogados del caso consideran que estas multas están relacionadas con áreas que se están fortaleciendo, incluyendo servicios compensatorios debido al impacto de la pandemia del COVID-19 en la educación.
Este desarrollo marca un hito en un caso legal que ha perdurado por generaciones y refleja los desafíos continuos en la educación de estudiantes con necesidades especiales en Puerto Rico.
Fuente: Primera Hora
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